Se ha celebrado el Día Internacional contra
la Trata de Personas y no he visto a la Ciudad mostrar su repulsa y condena por
este tipo de esclavitud. La lucha contra la
trata de personas debe ser prioridad para toda la sociedad, pero son las
instituciones las que deben asumir la responsabilidad de garantizar el acceso
universal de los Derechos Humanos.
En España hay víctimas de trata extranjeras,
residentes legalmente o en situación irregular; así como de nacionalidad
española o nacionalidades de otros Estados miembro de la Unión Europea. Ceuta,
ciudad fronteriza, ¿Alguien piensa realmente que no existe trata?
Para una mejor respuesta, haré referencia a
la definición que ofrece Naciones Unidas sobre esta violación clara contra la
dignidad humana “la trata es la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. La explotación incluye como mínimo, la derivada de la prostitución
y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados,
esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos”.
Ateniéndonos a la definición y queriendo
centrarme en la trata de explotación sexual, por ser la que se da con mayor
frecuencia, hay posibilidad de que la trata se produzca recurriendo al abuso
de una situación de vulnerabilidad aunque no haya coacción ni engaño. En
este sentido, por ejemplo, una mujer puede acceder a estar en situación de
prostitución y ser explotada sexualmente pero no por ello dejar de ser víctima
de trata si se está abusando de una situación de vulnerabilidad como la
pobreza, la situación administrativa irregular, las cargas familiares, o por no
conocer el país o la lengua.
Es bueno que la gente sepa que en España se están
obteniendo unas ganancias ilegales de más de 112 millones de euros al año a
costa de las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual conocidas
por las autoridades, según cálculos de UGT. El 85% de los beneficios económicos
estimados de la trata de personas viene del comercio sexual. Cada año entre
600.000 y 800.000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas
de trata, de esta cifra el 80% son mujeres y niñas y el 50% son menores de
edad. Por ello, la respuesta debe ser abordada desde
las políticas de igualdad y desde una perspectiva integral. No podemos
escatimar esfuerzos para luchar contra la esclavitud, ni permitir que en ningún
país se vendan y compren personas. Tampoco podemos seguir mermando los recursos para luchar
contra mafias y dar apoyo a las víctimas, ni continuar en un silencio cómplice
o cobarde, según como se mire.
Y en Ceuta no podemos permanecer
inmutables ante una realidad patente. Como feminista
siempre he tenido claro el papel que deben representar los poderes públicos
respecto a la explotación sexual, y siempre he considerado la prostitución como
violencia de género o violencia contra la mujer, como una violación de los
derechos humanos y como otra muestra más de opresión patriarcal que coloca al
hombre del lado del dominio y a la mujer de la sujeción. Las mujeres no se prostituyen, son
prostituidas por clientes y proxenetas protegidos, en muchas ocasiones, por el
Estado, forzadas por necesidad económica, por presiones de todo tipo, por la
violencia material y simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los
mensajes culturales que nos dicen que hemos nacido para satisfacer las
necesidades de los varones. Tratar a las mujeres como un objeto de usar y tirar
equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres.
Aceptar esto, es atacar directamente a la igualdad. Utilizan una falsa idea de
elección y consentimiento que no reconoce los condicionamientos sociales e
individuales y el complejo proceso que lleva a una mujer a ejercer la
prostitución y las diversas formas, sutiles o brutales de coerción, no siempre
demostrables.
Este comercio está organizado fuertemente en
torno a ideologías androcéntricas y capitalistas, su regulación soluciona
supuestamente a los gobiernos problemas de inmigración y de seguridad ciudadana
a costa de la vida y la dignidad de las mujeres, por eso ya han empezado a
multar a las mujeres en vez de
considerar que el cliente es el mayor prostituidor y debería ser el responsable
penal. Mientras, lo que hay que hacer es cerrar los locales de alternes, los pisos
y los burdeles, reinsertar a las víctimas y protegerlas, concienciarse de que
existe una clara vinculación entre la violación de los derechos humanos y la
prostitución y, por tanto, no cabe regularizar o reglamentar la explotación. Es
vital eliminar la apariencia de normalidad de la esclavitud y obligar a los
poderes públicos a evitar cualquier tipo de violencia, también a Vivas.