¿Y por qué no?

La inmigración es una realidad de nuestra sociedad que requiere de políticas públicas coordinadas y de un amplio consenso social. Según las últimas Encuestas del CIS, una parte importante de la opinión pública (más del 40%) tiende a ver la inmigración como el segundo problema de España, sólo por detrás del paro, al tiempo que se perfila un sector que oscila entre el veinte y el treinta por ciento que manifiesta actitudes de rechazo y de carácter xenófobo.

Por tanto, consideramos la necesidad de aclarar y potenciar el discurso sobre integración, subrayando la igualdad de derechos, deberes y oportunidades como ejes fundamentales para una correcta actuación. Somos conscientes de que su posición como ciudadanos y ciudadanas que acceden a servicios y participan en el mercado, puede estar condicionada por diversos factores, y es nuestro deber proteger con el mismo nivel de precisión, que hacemos con el resto, a las víctimas de discriminación por origen nacional, étnico, racial o religioso. La futura ley para la igualdad de trato que en estos momentos se encuentra en proceso de elaboración corregirá esta situación y podremos hacer de la integración un verdadero Estado de Derecho y Bienestar.

Es innegable que gracias a las acciones socialistas, España ha representado un verdadero éxito en políticas de integración. Nuestro sistema es ampliamente incluyente, especialmente si lo comparamos con el resto de países europeos. Así lo sugiere el es­tudio comparativo para 31 países Migrant Integration Policy Index (MIPEX) que rea­liza un índice construido a partir de 140 indicadores agrupados en seis dimensiones: acceso al mercado laboral, reunificación familiar, residencia de larga duración, participación política, acceso a la nacionalidad, medidas anti-discriminación y, solo en su última edición, acceso a la educación.  España puntúa por encima de la media de la UE en todos los indicadores, con la salvedad del de acceso a la nacionalidad y medidas antidiscriminación. 

Los y las socialistas de Ceuta, lejos de las últimas noticias encaminas a despertar una alarma social, queremos reflejar la visión positiva que ha obtenido el fenómeno inmigratorio en la última década en nuestro país, contribuyendo a unas repercusiones socioeconómicas inmejorables. Es de esperar, que polemizar sobre la política de inmigración genere mayores rendi­mientos electorales en las grandes conurbaciones en las que el porcentaje de inmi­grantes es más elevado, y eso conlleva faltar a la visión real, responsable y comprometida que desde el PSOE de Ceuta no estamos por permitir.

Hoy el número de extranjeros residentes en España supera los 5,7 millones de personas y representa el 12,2% de la población convirtiéndonos en el segundo país con mayor población extranjera en 2010 por detrás sólo de Alemania. No podemos olvidar que la inmigración llegó a España atraída por una oferta laboral nativa insuficiente para cubrir la extraordinaria demanda de empleo generada en el periodo de auge económico (2000-2007). La población inmigrante fue la gran dinamiza­dora de la generación de empleo en la economía española durante dicho pe­riodo, aportando la mitad de todo el empleo neto generado. La distribución sectorial de dichos empleos ha diferido siempre de la población nativa. Mientras que entre la población in­migrante se crea empleo en todos los sectores de actividad, entre la pobla­ción nativa se destruye empleo en el sector de la agricultura y de la industria. De cada 10 nuevos trabajadores inmigrantes, 0,5 encontraron trabajo en la agricultura, 1 en la industria, 2,5 en el sector de la construcción y cerca de 6 en el sector de servicios. En la actualidad trabajan en España 2,8 millones de inmigrantes, lo que sitúa la contribución de la inmigración al empleo en el 15,1% del empleo total, un importante avance teniendo en cuenta que hace 10 años representaban el 3,2% (500.000 empleos inmigrantes). Además, la aportación de la inmigración al empleo apenas se ha reducido desde el inicio de la crisis debido a la mayor capacidad de ajuste y resistencia a la crisis de la población inmigrante. Aparte del impacto directo que la inmigración ha tenido sobre el empleo, existe una importante contribución indirecta de la población inmigrante al mercado laboral, que se manifiesta a través de un incremento del volumen de capital humano y de la tasas de empleo, de una elevación de los salarios de los nativos al desplazarse hacia tareas de mayor cualificación y remuneración, un mayor empleo nativo necesario para complementar las tareas realizadas por los inmigrantes, una mayor participación de la mujer nativa en el mercado laboral, un aumento de la movilidad laboral geográfica y una progresiva incor­poración de los inmigrantes a nuestro tejido empresarial. Según nuestras estimaciones, la aportación directa de la inmigración a la acti­vidad productiva en España se habría situado en el año 2010 en torno al 10% del PIB, y en los últimos 10 años habría experimentado un fuerte crecimiento (en el año 2000 apenas representaba el 2,7%).

En resumen, si agregamos los efectos de la inmigración sobre la población y la renta per cápita, el 60% del crecimiento de la economía española en la última década se puede asignar a la inmigración (1,2%). Es insostenible negar que la inmigración ha sostenido la actividad económica, incluso durante la crisis, y va a ser crucial para la recuperación. Sin inmigración, la salida de la crisis se hubiera retrasado en torno a un año pues el saldo fiscal de la inmigración ha sido positivo durante el periodo de auge económico y llegó a representar el 50% del superávit del conjunto del sector público, con más de 5.000 millones de euros anuales. A pesar de la crisis, el saldo sigue siendo positivo y se situó a finales de 2010 por encima de los 3.000 millones de euros. Tampoco nos podemos olvidar de valorar como positiva la contribución de la inmigración a la sostenibilidad del sistema de pensiones, que ha permitido retrasar en casi cinco años la entrada prevista en déficit del sistema. Es razonable pensar que a medio plazo (2020), con la futura entrada de nuevos inmigrantes, la aporta­ción de la inmigración al Estado de bienestar seguirá siendo positiva.

En definitiva y tras estos datos, es evidente que existen fuertes incentivos para que en las próximas elecciones los partidos de la opo­sición, especialmente los situados hacia la derecha del espectro ideológico, recurran a la inmigración como uno de los caballos de batalla. Para el caso del PP, la estrategia de criticar la gestión llevada a cabo por el Gobierno socialista no resulta coherente con la influencia negativa que este partido ha ejercido sobre el modelo español de inmigración en el periodo clave 2000-2004, centrándose en el discurso exclusivo de control de llegada y residencia como opción de conservación de los valores de la sociedad de recepción, por encima de los valores de integración como sociedad de acogida.