Llegan tarde. Recientemente hemos visto al Partido
Popular revolotear como moscas al festejar por todo lo alto la Ley de
Protección a la Infancia y a la Adolescencia aprobada el viernes en el Consejo
de Ministros. El hecho de que hayan puesto el interés superior del menor en primer
lugar, hace que discrepe de la veracidad de esa información. Si realmente
hubiera prevalecido esa prioridad, tendrían que haber sacado la Ley en el mismo
momento que llegaron al poder, no al término de la legislatura, sobre todo
teniendo en cuenta que la Ministra del jaguar vendió esta materia como una de
sus banderas. Pero han transcurrido más
de tres años, desde que entraron en la Moncloa, y no sólo no han llevado a cabo esta Ley, sino
que ahora la infancia y la adolescencia está en su estado más crítico: 13.000
millones menos en sanidad en la legislatura; la sustancial eliminación de la
educación infantil 0-3 años, el incremento de tasas universitarias y la
reducción de becas; más de 2.000 millones recortados cada año a los servicios
sociales; la reducción de casi 10.000 millones en políticas de empleo que
llevan a condiciones de precariedad; y, especialmente, la situación de los
2.700.000 menores que viven bajo el umbral de la pobreza. Situación límite. Por
tanto, ¿de qué hablan?. Efectivamente, todo
lo del Partido Popular son “buenas intenciones” y “malas acciones”. O más bien,
fraude electoral.
Pero es que en mayo de 2013, el Pleno
del Congreso de los Diputados debatió una Proposición de Ley presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista en el que instaba al Gobierno la actualización
de la legislación de protección de la infancia, pero esta iniciativa resultó
rechazada por los votos del Grupo Popular, con el argumento de que iban a cursar
en los próximos meses un Proyecto de Ley
bajo ese mismo paraguas. Así que ni aprobaron nuestra propuesta, ni adelantaron
la suya, todo se quedó en agua de borrajas.
Y ahora, después de dejar claro el tiempo
disipado por el “digo y no hago” vamos a
la materia en cuestión.
Que el Partido Popular en Ceuta
comunique su regodeo por la reciente medida, no me hace más que esclarecer el
grado de insensatez que alcanza. Es triste que coronen la mesura en Madrid, y
luego no sean capaces aquí de hacer un mínimo de intenciones y aprobar un Plan
de Atención Integral a la Infancia y a la Adolescencia, más si cabe cuando lo
llevan hasta en su propio programa electoral. ¡Hasta en dos ocasiones hemos
intentado hacerle ver al Gobierno la importancia de la coordinación para la protección social, económica y jurídica de
esta población, trabajando en la consecución del desarrollo integral en
aspectos fundamentales como el ocio, la familia, la
escuela, la sociedad. Sin éxito.
Dicen que por primera vez se va a
reconocer al menor como víctima de la violencia de género, falso. Ya venía
recogido en la Ley Integral. Lo que no viene recogido es el cúmulo de una serie
de beneficios como la exención de tasas académicas para menores víctima de
violencia de género, las ayudas al estudio, un sistema específico de atención
pedagógica y educativa, la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, o los mecanismo que aseguren la pensión de orfandad, que seguirán sin
recogerse porque el Partido Popular también votó en contra. Aquí es curioso
como venden la protección, y luego no limitan las visitas, la custodia o la
comunicación con el maltratador. O como lanzan al vacío de la inseguridad a las
jóvenes por su Ley del aborto. La
contradicción en su máximo apogeo.
Dicen que protegerán el acceso de los
menores y las menores más vulnerables y su acceso en igualdad de condiciones a
los servicios sociales, pero luego sacan una reforma de la Administración Local
que hace inaccesible los servicios. ¿Sabe el Partido Popular que la protección a
la infancia debe contar con servicios y recursos que la haga inmune, de lo
contrario estaremos construyendo solamente castillos sobre el aíre? No, no lo
sabe. Y cuando hablamos de la infancia, nuestra vergüenza deben ser mayor.
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