Búscome manifiesta
su “ satisfacción” por “la iniciativa de llevar a fiscalía el tema de los menores
no escolarizados en Ceuta por culpa de la inoperancia y el despropósito del
MECD y de la propia Ciudad, que ha llegado a negar incluso de la existencia de
estas aulas”. En este sentido, Búscome reconoce que “ han existido partidos que
se han interesado por el tema como el diputado de Amaiur Jon Iñarritu o el PSOE, que no sólo ha enmendado el
Documento Marco del Programa Electoral para las Elecciones Generales sino que ha
llevado una iniciativa parlamentaria al Congreso al fin de hacer cumplir la Ley
de Extranjería, la Ley del Menor, la Constitución Española, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, diversos Pactos Internacionales, la
Convención de los Derechos del Niño y otros Tratados y Declaraciones
Internacionales”.
Búscome también recuerda que “hay una sentencia del Tribunal Constitucional que
declara inconstitucional la exigencia de “residencia” legal en el territorio
para el acceso a la educación no obligatoria, por lo que Ceuta está siendo un
claro ejemplo del incumplimiento de un derecho básico” y por ello, - añade la
entidad, “ desde la Asociación también estamos manteniendo contactos con
personas que pueden influir en la escolarización de estos menores, y no tendríamos ningún inconveniente en avalar la denuncia interpuesta ante fiscalía”.
Y es que, la
asociación es consciente de “las muchas irregularidades que se están cometiendo
en relación a los empadronamientos en la Ciudad, puesto que este muro no afecta
sólo a la escolarización de estos menores, sino a muchas familias que llevan años
residiendo en Ceuta, que tienen menores nacidos aquí, y que no pueden acceder a
los recursos básicos a los que tienen derechos”.
“Es trascendental no caer en la generalidad y hacer
prevalecer la atención de la infancia. Hay que tener en cuenta que mientras se
deniega la residencia legal a una mujer o un hombre que tiene menores nacidos
aquí, estamos trasgrediendo su protección e incumpliendo el artículo 8 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, y en el artículo 23 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, concluye Búscome, no sin antes
alabar “ el papel tan importante que está haciendo Digmun en esta tarea”.
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