BÚSCOME SE PREGUNTA EL PORQUÉ LA CIUDAD NO CUMPLE LA SENTENCIA Y DERRUMBA EL MURO DE LA CALLE CÓRDOBA

Búscome exige “el derrumbe inmediato del muro que está bloqueando la calle Córdoba y que impide el transito con normalidad de los vecinos que se encuentran entre Hadú y el Morro. Desde nuestra asociación no entendemos el proceder de un Gobierno que fomenta la desigualdad entre las barriadas. Tenemos un ejecutivo que exclusivamente visita los rincones de Ceuta en época de campaña, porque si de verdad tuviera un poco más de interés por la gente de Ceuta estaría continuamente atendiendo las quejas de la gente de la calle, y en la calle. Un Gobierno que no es ajeno a los problemas de la ciudadanía, no permitiría la desesperación de toda una barriada ”.
Búscome dice que “la Ciudad es conocedora de una sentencia de demolición, hecha por la misma Consejería de Fomento, pero es incapaz de hacerla cumplir. Se va a consumar un año desde que se comunicó a la Ciudad Autónoma la ejecución de unas obras que estaban cerrando el paso en una calle de mucho tránsito. Concretamente, esta vía es usada para ir al colegio Severo Ochoa y el Instituto Clara Campoamor, y a las fechas a las que estamos aún nadie se ha preocupado en hacer cumplir la Ley”, acusa la asociación.
Búscome establece que “ha entregado toda la documentación, aportada por el propio vecindario, a la Vicepresidenta Segunda de la Mesa, para que haga los movimientos y la presiones oportunas, al fin de que vuelva a reinar la accesibilidad en una zona completamente olvidada. No estamos hablando exclusivamente de unos menores que todas las mañanas tienen que dar un rodeo enorme y tirar por un camino de barro y de piedra, sino que en esa zona viven personas mayores que tienen que andar 200 metros porque una persona, sin seguir los patrones urbanos oportunos, se dispuso a levantar un muro sin permiso ni licencia que tiene que derrumbar, pero que no lo hace porque no tiene a unos dirigentes fiscalizando la cuestión”.
Desde Búscome esperamos que “ las sentencias en esta ciudad sirvan para algo más que para cubrir expedientes, porque no logramos comprender que desde el 20 de julio de 2015, fecha en la que el Consejero de Fomento dio la orden de demolición de las obras no legalizables en dominio público, todo sigue igual”.